Diputadas chiapanecas debaten antes de aprobar Ley sobre Aborto en niñas y adolescentes

Mencionaron vacíos legales y necesidades de infraestructura mientras se garantiza atención médica y psicológica a menores víctimas de violación

Diputados locales del Congreso del Estado de Chiapas protagonizaron un intenso debate durante la discusión del dictamen para la aprobación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, cuyo objetivo, según el artículo 1, es regular y garantizar en las instituciones del Sistema Estatal de Salud el acceso a la interrupción legal del embarazo en menores de edad víctimas de violación, así como notificar a las autoridades encargadas de investigar los delitos relacionados.

La diputada del Partido Acción Nacional, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, señaló que la iniciativa presenta imprecisiones y vacíos legales, y consideró que no garantiza plenamente el derecho de niñas y adolescentes a una vida libre de violencia.

Indicó que la despenalización del aborto ya está regulada en el Código Penal de Chiapas desde noviembre de 2024, y que la Norma Oficial Mexicana establece lineamientos para la atención de abortos por violación. Ibarra Gallardo, quien votó en contra, pidió evitar simulaciones legislativas, leyes sin aplicación efectiva y duplicidad normativa, especialmente en temas tan sensibles.

La diputada agregó que existe confusión entre la exposición de motivos y el contenido regulatorio de los artículos, y recordó que los nueve artículos de esta ley ya están previstos en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2025, relativa a violencia familiar y sexual contra mujeres.

Por su parte, la diputada de Morena, María Isabel Rodríguez Jiménez, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, afirmó que el vacío en la iniciativa podría vulnerar los derechos de las niñas, al no garantizar orientación integral, atención médica especializada y acceso equitativo en municipios que carecen de servicios de salud capacitados para la población infantil y adolescente.

Rodríguez Jiménez destacó que implementar la ley sin fortalecer primero la infraestructura de salud podría generar desigualdad en el acceso a tratamientos adecuados, especialmente en zonas rurales, y subrayó la necesidad de centros de atención integral con personal médico, psicológico y social especializado en violencia sexual infantil. Además, criticó la falta de mecanismos de seguimiento y coordinación institucional, lo que podría afectar la atención continua y la protección social de las menores.

La diputada del Partido del Trabajo, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, resaltó que no es necesario que una niña o adolescente presente denuncia ante el Ministerio Público para recibir atención, ya que esto podría revictimizarla. Señaló que muchas menores quedan embarazadas sin ser conscientes de la violación, por falta de información o por circunstancias de abuso, y enfatizó que la ley busca reglamentar el servicio de salud para proteger a niñas y adolescentes en estas situaciones.

La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Faride Abud García (Morena), subrayó que la ley no promueve el aborto, sino que protege la justicia, la salud y la integridad de la víctima, asegurando que la responsabilidad recaiga sobre los agresores. Además, obliga a las instituciones de salud a brindar atención médica inmediata, contar con personal capacitado y no objetor de conciencia, y proporcionar atención psicológica integral en los Centros Libres de Violencia de la Secretaría de la Mujer, acompañando la recuperación física y emocional de las menores.

Finalmente, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Rosa Linda López Hernández, destacó que anualmente ocurren más de 9 mil nacimientos de madres menores de edad, el 40% en hospitales, con una baja prevalencia anticonceptiva (38%). Señaló que esto genera mortalidad materna elevada, abandono escolar y pobreza intergeneracional, y recordó que entre 2002 y 2019, 100 mujeres murieron por abortos inseguros en Chiapas, de las cuales el 21% eran adolescentes, evidenciando la importancia de garantizar derecho a una interrupción segura del embarazo.