Comercio ilegal de animales: cuál es la pena y cómo afecta al ecosistema
Cada año, cientos de especies protegidas son capturadas y traficadas ilegalmente en el estado
El tráfico ilegal de fauna silvestre representa una de las mayores amenazas para la biodiversidad en México, donde la riqueza natural y la cercanía con fronteras internacionales lo convierten en un punto crítico de extracción y tránsito de especies protegidas. A pesar de los esfuerzos de autoridades y organizaciones, la extracción y venta clandestina de animales continúa afectando gravemente a los ecosistemas locales, empujando a varias especies al borde de la extinción y alterando el equilibrio natural de hábitats enteros.
De acuerdo con información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Ley General de Vida Silvestre, el Código Penal Federal y el Gobierno de México, las sanciones por comercio ilegal de especies en el país pueden ir de 1 a 9 años de prisión y multas de hasta 3,000 días de salario mínimo. En casos donde se detecte participación de la delincuencia organizada o se afecten áreas naturales protegidas, las penas pueden aumentar hasta los 20 años de cárcel. Además, las personas responsables pueden ser obligadas a pagar por la reparación del daño ambiental.
Chiapas, uno de los estados con mayor diversidad biológica en México, es hogar de especies como el jaguar, el mono saraguato, la guacamaya roja y múltiples reptiles y anfibios que son objetivo frecuente del comercio ilegal. Muchas de estas especies están catalogadas en peligro de extinción. Su captura y traslado ilegal (ya sea para coleccionismo, mascotas exóticas o venta internacional) genera efectos negativos en cascada: desequilibrio en las cadenas alimenticias, disminución de funciones ecológicas clave (como la polinización o el control de plagas) y pérdida de servicios ecosistémicos como la fertilidad del suelo y la calidad del agua.
Los ecosistemas chiapanecos también sufren alteraciones indirectas por la presencia de redes ilegales que destruyen hábitats, transportan animales en condiciones inadecuadas y, en algunos casos, introducen especies exóticas o enfermedades. Esta actividad ilícita no solo daña el medio ambiente, sino que también afecta a las comunidades locales que dependen del ecoturismo, la agricultura sustentable o los proyectos de conservación comunitaria.
En los últimos años, se han registrado múltiples operativos en Chiapas donde se aseguraron ejemplares de tucanes, loros, cocodrilos, serpientes y monos, algunos listos para ser traficados hacia Centroamérica o el norte del país. Las autoridades ambientales, junto con la Guardia Nacional y organizaciones civiles, han intensificado los esfuerzos de vigilancia, pero el reto persiste debido a la falta de denuncias ciudadanas, corrupción local y rutas clandestinas bien establecidas.
Las autoridades hacen un llamado a la población para evitar la compra o tenencia de especies silvestres como mascotas, así como denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de animales. La protección de la biodiversidad en México (y especialmente en regiones clave como Chiapas) es una responsabilidad compartida que exige leyes fuertes, vigilancia constante y una ciudadanía informada y comprometida.
