Reducir jornada laboral afectaría a pequeñas empresas en Chiapas: advierten empresarios

Representantes del sector formal señalan que la reforma impactaría hasta en un 30% los costos operativos y podría aumentar la informalidad si no se implementa de manera gradual

La propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México ha generado preocupación entre el sector empresarial chiapaneco, debido al posible impacto económico que representaría en la operatividad de los negocios formales. Luis Alberto Estrada Contreras, presidente del Centro Empresarial de Chiapas, advirtió sobre la necesidad de aplicar esta medida de forma gradual y con base en estudios específicos por sector.

“Por supuesto que tiene un impacto positivo para los trabajadores, para los colaboradores, y que supone este día adicional de descanso como un momento para que puedan convivir con su familia”, reconoció Estrada Contreras. Sin embargo, puntualizó que esta mejora para la base trabajadora no está exenta de implicaciones para los empleadores.

Estrada Contreras señaló que, si bien las empresas podrían ajustarse, el costo operativo podría incrementarse entre un 12% y un 30%, dependiendo del giro y tamaño de la empresa. “Se incrementa la nómina, por así decirlo. En términos generales, una empresa destina entre el 18% y el 27% a la nómina. Y de ese porcentaje, el aumento por la reforma podría ser del 12%, es decir, el impacto total podría alcanzar hasta un 30%”.

Además, advirtió que este aumento podría reflejarse en los precios al consumidor: “Esto no sería favorable para la inflación, porque al final todos pagamos cuando suben los precios de productos y servicios”.

Por su parte, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la Canaco Tuxtla, indicó que en Chiapas, donde predominan los micronegocios con recursos limitados y plantillas de entre uno y veinte empleados, esta reforma tendría un impacto significativo si no se considera la realidad económica de la región. “Una reforma como esta, si se aplica de manera inmediata y sin medidas de apoyo, podría provocar aumento de la informalidad y pérdida de empleos formales”.

Blas Gutiérrez citó una encuesta de la Concanaco Servytur (2025), en la que el 64% de los empresarios consultados consideró inviable la implementación inmediata de la reforma. Además, el 71.4% anticipó un aumento en los costos operativos y el 58.85% expresó preocupación ante la posibilidad de no poder cubrir turnos ni mantener el mismo nivel de servicio, incluso si la reforma fuera gradual.

El líder empresarial aclaró que no están en contra del fondo de la reforma, sino de la forma en que se pretende aplicar. Propuso una transición gradual con meta hacia el año 2030, considerando el tamaño de las empresas, el sector económico y la región.

También planteó la necesidad de incentivar la formalización mediante estímulos fiscales, tecnológicos y financieros, especialmente para pequeñas empresas: “Estamos a favor de la reforma, pero que sea gradual y particular. Si no se hace así, el gasto adicional recaerá en las microempresas, que terminarán trasladándolo al precio final de sus productos o servicios”.

Agregó que, de aplicarse sin ajustes, los costos adicionales deberán ser absorbidos por el consumidor final: “Si hiciéramos una corrida financiera para calcular las horas que dejarán de trabajarse, el impacto sería de un 16% más en costos. Ese incremento, inevitablemente, se repercutirá al consumidor”.

Blas Gutiérrez insistió en establecer un mecanismo de seguimiento a la reforma. Propuso la creación de un Observatorio de Transición Laboral, con la participación de todos los sectores, para evaluar sus efectos y hacer ajustes conforme avance la implementación. “Chiapas, con sus altos niveles de informalidad, es particularmente vulnerable si no se toman en cuenta sus condiciones específicas”.

Reafirmó el compromiso del sector empresarial: “Queremos seguir contribuyendo al desarrollo de la región desde el esfuerzo diario de nuestras empresas. Reiteramos nuestra disposición al diálogo con el Gobierno, el Congreso y, sobre todo, con los trabajadores, para que esta reforma laboral sea incluyente, viable y sustentable, sin afectar al motor económico que sostiene a miles de familias en Tuxtla Gutiérrez y en Chiapas”.

Además, señaló que el impacto será diferente entre sectores: “Hay empresas con mano de obra muy calificada, donde los costos de reemplazo o pago de horas extra son altos. Ahí es donde más se resiente. En cambio, en sectores como hotelería y restaurantes, con mayor flexibilidad operativa, los ajustes pueden lograrse modificando horarios y turnos”.

Finalmente, propuso que la reforma venga acompañada de incentivos para las empresas, que les permitan mantener la productividad.

Estrada Contreras también reconoció que la alta informalidad en Chiapas limita el alcance real de esta ley: “Aproximadamente el 75% de la población económicamente activa en Chiapas trabaja en la informalidad. Solo entre el 30 y 40% tiene un empleo formal”.

Esto significa que una gran parte del sector económico no estaría regulado por esta reforma: “Los negocios informales no tienen a su personal dado de alta en el IMSS, ni pagan impuestos. Es difícil generalizar la medida en todo el estado”.

Ante la pregunta sobre si algunas empresas podrían cerrar, Estrada lo consideró poco probable: “No veo factible que las empresas cierren, pero sí tendrán que hacer ajustes para compensar el sobrecosto derivado del día adicional de descanso, ya sea con mayor productividad o redistribución del trabajo”.

Concluyó que, si bien la medida beneficiaría a los trabajadores, es crucial considerar las condiciones económicas del país y del estado: “Confiamos en que, aunque Chiapas no esté tan tecnificado como otras regiones, no todas las empresas se verán afectadas por igual. Los efectos reales podrán evaluarse después de unos trimestres de su entrada en vigor”.