Chiapas con el mayor número en analfabetismo: Patricia Díaz

Lo expone quien lidera la organización denominada Coordinadora Estatal de Mujeres Indígenas de Chiapas (COEMICH) precisamente para buscar ser escuchadas por las instituciones públicas y privadas

Los pueblos indígenas de Chiapas representan el 33 por ciento de la población, están representados en 12 grupos lingüísticos que son: chol, tseltal, tsotsil, zoque, tojolabal, cachikel, mocho, mame, chuje, jacalteco, canjobal y lacandón maya; casi un millón 400 mil habitantes, sin embargo, el abandono del Estado Mexicano desde hace muchos años les ha pegado muy fuerte, el mayor daño es el analfabetismo.

Así lo expone Patricia Díaz López originaria de la comunidad Tres Picos del municipio de Chamula, socióloga por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) quien lidera la organización denominada Coordinadora Estatal de Mujeres Indígenas de Chiapas (COEMICH) precisamente para buscar ser escuchadas por las instituciones públicas y privadas en la búsqueda de atención a sus necesidades.

De una población de 15 años y más de 3 millones 868 mil 206 personas en el estado, 497 mil 453 personas son analfabetas, es decir, no saben leer ni escribir, lo que representa el 12.9 por ciento de la población, además, se identifican sin educación primaria terminada a 515 mil 600 personas, sin secundaria terminada a 815 mil 100, que hacen un total de un millón 828 mil 153 personas en rezago educativo, el 47.3 por ciento de la población total.

En el 2020 en Chiapas el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de edad era de 7.8, lo que equivalía a caso segundo año de secundaria, 14 de cada 100 personas de 15 años no saben leer ni escribir, el mayor porcentaje de la población analfabeta en la entidad se encuentra entre las personas de 70 años y más con el 51.5 por ciento.

Patricia Díaz reitera que las necesidades de los pueblos originarios de Chiapas son muchas, pero la que más les pega es no saber leer ni escribir, ha faltado que el Estado Mexicano garantice una educación incluyente, si bien cada vez hay más niños y niñas, mujeres y hombres, en la educación, no es todo, porque hay quienes ya nunca podrán ir a las aulas, la falta del saber no les garantiza su identidad, quienes son, y son muchos miles los que no han tenido la oportunidad de aprender.

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Junto con el rezago educativo en los pueblos originarios, va con la falta de acceso pleno al derecho a la salud, la falta de acceso a los derechos sociales, políticos, estructurales, principalmente hacia las mujeres que en teoría están plasmados en la Constitución Política del Estado de Chiapas, pero que en los hechos la verdad no es nada accesible, la justicia que debe ser pronta y expedita tampoco tenemos acceso a eso las mujeres indígenas, los pueblos indígenas en general, sostiene.

Al año 2020 la esperanza de vida en México era de 74.3 años, esto es de 72.4 años para los hombres y 78.1 años para las mujeres y en Chiapas de 71.6 años para los hombres y de 77.1 años para las mujeres, mientras que el índice de natalidad es alto, en el 2019 en la entidad se registraron 49 mil 766 nacimientos contra 28 mil 317 defunciones.

Díaz López comenta que los protocolos a seguir en el sistema de procuración y administración de justicia genera en contra de los pueblos originarios mayor complicación en el acceso a la justicia, el hecho de que las mujeres pidamos justicia esta muchas veces se queda en los hechos de usos y costumbres, que más allá de ayudarnos al acceso a la justicia nos revictimiza gravemente causando un mayor agravio.

Desde que no hay una política justicia y equitativa hacia la población urbana, hacia la población rural e indígena, a pesar de la existencia de la Secretaría para el desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, todas las políticas públicas están hechos desde un escritorio, desde una teoría, más no desde una base de campo, no a base de una recopilación de los hechos, sostiene la socióloga de Chamula.

Puntualiza que esto ha sido un factor importante para que los pueblos y comunidades indígenas, así como la población urbana y rural indígena no tenga un acceso pronto, libre y expedito hacia la justicia, como a las estructuras sociales, políticas y culturales, negando así el acceso a muchos derechos.